A fin de contribuir con la formación integral de la comunidad universitaria, del sector público-privado y todos aquellos que desarrollan actividades en el sector minero ambiental, la Facultad de Derecho de la División de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Santo Tomás – Seccional Tunja, a través del siguiente espacio DIPLOMADO EN DERECHO AMBIENTAL CONEXO AL DERECHO MINERO. Pretenden fortalecer las competencias de los participantes en el derecho y la gestión ambiental, el marco jurídico aplicable a los diferentes recursos naturales, los instrumentos para la defensa del medio ambiente y el derecho minero ambiental, los cuales son herramientas necesarias y de utilidad práctica para el logro adecuado y eficiente del desarrollo y la protección del sector minero ambiental.

Finalizado cada uno de los módulos del curso, los participantes aplicarán con efectividad los conocimientos y técnicas aprehendidos, ejecutando las mejores estrategias para contribuir con una mayor eficiencia, transparencia y optimización en la gestión del derecho minero ambiental en organizaciones públicas y privadas.

El desarrollo de la actividad minera desde la declaratoria de inexequibilidad de la ley 1382 de 2010, se ha regulado mediante la expedición de sentencias judiciales, leyes, decretos, resoluciones, e incluso bajo parámetros entregados por parte del Gobierno Nacional en Planes Nacionales de Desarrollo y a nivel Departamental en Planes Departamentales de Desarrollo. Esto conlleva a que cada que hay un cambio de gobierno, hay un cambio en políticas mineras y en estándares de licitación, plazos, requisitos y en general, cambios en las instrucciones para proceder en un proyecto minero. En el actual gobierno en coordinación con la comisión accidental del Congreso se viene planteando la expedición de una nueva ley minera que cambiaría sustancialmente los principios básicos de la actividad, el sistema de contratación minera, los procesos de formalización, entre otros.

Lo anterior combinado con la constante pronunciación de las Altas Cortes, lleva al sector minero a una inestabilidad no solo jurídica sino social, ambiental, de inversión y de confianza en el sector.

Sentencias judiciales como la C-123 de 2014, la C-035 de 2016, la C-095 de 2018 y más recientemente la Sentencia del Consejo de Estado del 4 de agosto de 2022, así́ como las diversas interpretaciones de las normas realizadas por la autoridad minera, en los últimos años, han generado cambios fundamentales en las reglas de juego del sector minero. Es así́ como la proliferación de normas y la falta de un marco jurídico estable ha dificultado la toma de decisiones por parte de los diferentes actores de la industria y demanda un alto nivel de conocimiento por parte de las autoridades locales a la hora de ordenar su territorio.

A partir de la declaratoria de inexequibilidad de la ley 1382 en el 2013 (que modificaba en algunos aspectos el Código de Minas (Ley 685 de 2001)), hasta hoy se han producido un sinnúmero de conceptos y sentencias que han modificado estructuralmente el sistema legal minero en el país y que obligan a mantenerse actualizado de manera permanente si se desea actuar adecuadamente en un contexto altamente cambiante. Es importante para una comunidad dependiente del sector minero y cuidadosa del ambiente y del desarrollo social, brindar espacios académicos en donde se tenga la oportunidad de informarse sobre la actualidad normativa y la jurisprudencia que día a día desarrollan los jueces de las cortes, con el fin de analizar a profundidad las situaciones que se derivan de cada una de las decisiones tomadas, sus efectos, consecuencias y aplicación al sector.

A manera de ejemplo, la sentencia C-123 de 2014 revisó la exequibilidad del artículo 37 de la ley 685 de 2001, que prohibía a las autoridades del orden territorial o municipal excluir de manera permanente o temporal zonas del territorio para el ejercicio de la minería. Sin embargo, 2 años después, se abrió paso a una la Sentencia C-273 del 25 de mayo de 2016, que declaró inexequible dicho artículo por una situación procedimental, considerando que por tratarse de un tema de ordenamiento territorial dicha regulación debía surtirse por una ley orgánica, lo que no ocurrió en este caso.

En cuestión de 2 años, se cambió completamente la visión de una situación estructural para los proyectos mineros, para los tramites pendientes, las solicitudes de licencias, la protección del medio ambiente y las comunidades.

Igualmente la sentencia de agosto de 2022 de la sección primera del Consejo de Estado realiza un estudio profundo y detallado del tema del ordenamiento minero y ambiental y da ordenes trascendentales que deben ser conocidas por todos los involucrados en la actividad minera y de ordenamiento.

Se evidencia la necesidad de mantener al sector minero informado, actualizado y educado en sus obligaciones, derechos y facultades, para que situaciones tan trascendentales para el ejercicio minero no queden desadvertidas, pues de manera desordenada y muchas veces contradictoria, se va marcando la pauta del Ordenamiento Territorial Minero-Energético.

Adicionalmente, la consulta popular en el país se había convertido en un mecanismo regulatorio en los territorios, se concibe como el instrumento idóneo para frenar los proyectos extractivos del sector minero-energético y se ha pretendido mediante éste regular temas de gran importancia como lo es por ejemplo, la decisión de prohibir todas las actividad mineras y de hidrocarburos en el territorio. Situación que se pretendió con la consulta popular en Cumaral, dando paso al fallo de unificación SU-095 del año 2018, abriendo nuevamente la posibilidad de que el Estado central retome las facultades de administración y uso de los recursos del subsuelo, sin embargo, esta decisión no se ha instrumentalizado en otros instrumentos y debe compaginarse con las reformas actualmente planteadas a la ley minera que buscan aumentar el control y participación de las comunidades en el territorio.

Igualmente, mediante el fallo de la Corte Constitucional SU-123 de 2019 se unifican los conceptos jurisprudenciales en torno al tema de la Consulta Previa, que por supuesto incide de manera directa en las posibilidades actuales de desarrollo del sector minero.

Así como la incertidumbre jurídica, existen otros temas como lo es el proceso de contratación y delegación minera, el cual ha sido históricamente traumático en nuestro país, debido a los grandes cambios legislativos, los trámites que retrasan los procedimientos -especialmente en lo relativo a las solicitudes mineras – y las actuaciones de las autoridades.

La generación desproporcionada de normas en esta materia, reta a todos los agentes involucrados en la minería ha mantenerse avante en un medio cambiante y que amenaza los procesos de contratación y la seguridad jurídica sobre la que estos deben reposar; por lo que se requiere la actuación de una autoridad minera que garantice eficiencia y celeridad en los trámites y la contratación, que permita fortalecer el sector, la confianza de los inversionistas y de las comunidades en la minería, siendo estos factores muy relevantes pero con indicadores de percepción muy desfavorables en nuestra sociedad, precisamente por la crisis que se presenta, siendo relevante analizar las nuevas herramientas de catastro minero que se han lanzado recientemente.

En el contexto actual es importante recordar que la Agencia Nacional de Minería (ANM) fue creada el 03 de noviembre de 2011, mediante Decreto – Ley No. 4134, con el objeto de administrar integralmente los recursos minerales de propiedad del Estado, promover el aprovechamiento optimo y sostenible de los recursos mineros de conformidad con las normas pertinentes y en coordinación con las autoridades ambientales en los temas que lo requieran. De otra parte, hacer seguimiento a los títulos de propiedad privada del subsuelo cuando le sea delegada esta función por el Ministerio de Minas y Energía de conformidad con la ley.

En el caso específico del Departamento de Antioquia, éste es el único Departamento que cuenta con una delegación tanto por el Ministerio de Minas y Energía como por la ANM para la administración y gestión del recurso Minero en el Departamento, para lo cual tiene a su cargo la Secretaría de Minas.

Uno de los principales retos que ha enfrentado el sector minero ha sido articular la información minera con la ambiental, para evitar por ejemplo que se otorguen títulos mineros dentro de Parques Naturales, páramos, entre otros. De igual manera, poder acceder a la información de manera ágil, eficiente y transparente. Para lograrlo la ANM, lanzó recientemente la plataforma AnnA Minería.

AnnA Minería es la nueva herramienta tecnológica que permite la administración, gestión e información de títulos y solicitudes de propuestas de contrato en el País en tiempo real. De igual manera articula la información ambiental, comunidades y proyectos de infraestructura entre otros con la información minera. Para las autoridades locales es una herramienta muy útil que permitirá conocer la información minera y ambiental para la toma de decisiones o para la ejecución de proyectos.

En este panorama un espacio de actualización del sector minero y ambiental como el que se plantea, deberá contribuir ampliamente a generar el conocimiento que se necesita para resolver estos grandes conflictos y necesidades de desarrollo en el sector con el fin de aportar conocimiento, estabilidad, garantías y mejoras desde los diferentes ámbitos profesionales; con el fin de que en el municipio se promueva la actividad de subsistencia, la pequeña y mediana minería y se proteja adecuadamente el ambiente promoviendo la participación ciudadana y los derechos ciudadanos dentro de los contextos legales existentes.

Para nosotros es importante transmitir esta información al público objetivo, capacitarlos y familiarizarlos para que puedan acceder a la información y para que puedan atender las dudas e inquietudes frente a este tema.

Después de esta capacitación, las autoridades locales quedarán con la capacidad de conocer e identificar cuantos títulos mineros hay en su municipio, en que etapa se encuentran, para que minerales fueron otorgados, quienes son los titulares, así como las propuestas de contrato de concesión que se encuentran en trámite. También podrán ubicar puntos dentro de la plataforma para saber si se superpone con un trámite minero y generar mapas. Conociendo esta información, se puede optimizar la gestión y se pueden destinar o buscar recursos en proyectos que beneficien a la comunidad y al territorio.

Entregar a los asistentes todos los contenidos normativos y jurisprudenciales necesarios para entender claramente cómo funciona en la actualidad el sistema minero ambiental en Colombia, la fiscalización minera, y la normatividad ambiental y social relativa al sector, partiendo desde los contenidos constitucionales, de forma tal que los asistentes actualicen de manera integral su conocimiento sobre la situación jurídica actual del sistema minero y comprendan como desarrollar sus actividades en el contexto actual.